#3Causales

Conoce la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales

Protección de niñas y adolescentes


La ley establece resguardos en materia de manifestación de la voluntad de niñas y adolescentes menores de 14 años que se encuentran en alguna de las tres causales contempladas en la norma. En este sentido, para que estas niñas o adolecentes puedan interrumpir su embarazo se requiere siempre de la expresión de su propia voluntad y, además, de la autorización de uno de sus representantes legales. Esto último considerando que, generalmente, será esta la persona que está en mejor posición para acompañar a la niña o a la adolescente en su decisión y que velará por la protección de sus derechos.

No obstante lo anterior, entendiendo que serán las propias niñas o adolescentes quienes sobrellevarán las consecuencias de su decisión y reconociendo que ellas tienen un desarrollo progresivo de su autonomía, en situaciones de conflicto, en que se puedan ver vulnerados o amenazados sus derechos, se establece un mecanismo judicial de resguardo de los mismos. Por ello, en caso de que no exista autorización, ya sea por la negación del representante o porque éste no es habido, la niña, acompañada de un integrante del equipo de salud, podrá solicitar la intervención del juez con competencia en materia de familia del lugar en que se encuentre, para que constate la ocurrencia de la causal.

Asimismo, reconociendo que la violencia sexual que afecta a las niñas y adolescentes con frecuencia se manifiesta dentro de su propio hogar, se autoriza a la o el médico cirujano a prescindir de la solicitud de autorización al representante legal de las niñas o adolescentes menores de 14 años, cuando existan antecedentes de que, al hacerlo, se las expondrá a un riesgo de violencia intrafamiliar, coacción, amenaza o maltrato, o incluso a una posible situación de desarraigo o de abandono. En tal caso, puede acudir al juez de familia competente.

Respecto de las adolescentes de 14 años y menores de 18 años, basta la manifestación de su voluntad para acceder a la prestación, cumpliéndose todos los demás requisitos de la ley. Sin embargo, esta decisión deberá ser comunicada a uno de sus representantes legales. En caso de que esto ponga a la adolescente en alguno de los riesgos enunciados precedentemente, se informara a un adulto familiar o, en caso de no haberlo, a otro adulto responsable. Este deber de informar se establece como una garantía para la menor.

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